En un país que se proclama democrático y justo, la existencia de una monarquía hereditaria es una contradicción flagrante que socava los principios fundamentales de igualdad ante la ley y soberanía popular. La monarquía, por su naturaleza, es antidemocrática y perpetúa privilegios inaceptables en una sociedad que aspira a la equidad y la justicia.
La Monarquía y la Igualdad Ante la Ley
Uno de los principios más básicos de cualquier constitución democrática es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sin embargo, la existencia de una familia real que disfruta de inmunidad y privilegios especiales es una burla a este principio. En España, el Rey y los miembros de su familia están exentos de la responsabilidad penal y civil por sus acciones. Esto significa que pueden cometer delitos sin temor a ser juzgados como cualquier otro ciudadano.
Ejemplos Recientes de Inmunidad Real
Un ejemplo claro de esta injusticia es el escándalo de corrupción que rodeó al exrey Juan Carlos I. A pesar de las serias acusaciones de corrupción y lavado de dinero, el exmonarca gozó de una protección especial que le permitió evadir una investigación exhaustiva durante mucho tiempo. Solo tras una intensa presión pública y mediática, y ya habiendo abdicado, las autoridades comenzaron a investigar algunas de sus acciones, pero muchas de ellas quedaron fuera del alcance legal debido a su inmunidad durante su reinado.
La Desigualdad de los Políticos y los Ciudadanos
La desigualdad ante la ley no es un problema exclusivo de la monarquía. También es evidente en cómo se trata a los políticos en comparación con los ciudadanos comunes. Los aforamientos, por ejemplo, son un mecanismo que protege a ciertos cargos públicos de ser juzgados por tribunales ordinarios, derivando sus casos a tribunales superiores que, en muchos casos, resultan ser más complacientes.
Casos de Desigualdad Legal
Un caso notorio fue el del expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ignacio González, implicado en una trama de corrupción conocida como el caso Lezo. A pesar de las numerosas pruebas en su contra, el proceso judicial fue largo y lleno de trabas, lo que contrasta con la celeridad y severidad con la que se juzga a ciudadanos de a pie por delitos menores.
Otro ejemplo es el caso de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que fue investigada por blanqueo de capitales. Barberá, por su condición de senadora, estuvo protegida por el aforamiento y su caso fue derivado al Tribunal Supremo, donde enfrentó un tratamiento muy distinto al que recibiría un ciudadano común.
Conclusión
La monarquía en España es una institución antidemocrática que perpetúa la desigualdad ante la ley. En una democracia verdadera, todos los ciudadanos, sin importar su origen o posición, deben ser responsables de sus acciones ante la justicia. La existencia de privilegios legales para la familia real y ciertos políticos no solo es una injusticia, sino también un obstáculo para el desarrollo de una sociedad verdaderamente equitativa y democrática. Es hora de cuestionar estos privilegios y avanzar hacia un modelo donde la igualdad ante la ley sea una realidad para todos.
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